La frecuente equiparación actual entre la trata de personas y la prostitución, así como el estigma social que recae sobre quienes ejercen el trabajo sexual tienen una larga historia que puede rastrearse en el pensamiento jurídico, en las decisiones de política criminal y en el debate de los feminismos. ¿Cuáles son esos antecedentes históricos que explican el origen y la caracterización de la campaña contra la trata de personas?  ¿Existe una correspondencia, en términos de impacto material, entre la incorporación de los postulados neoabolicionistas en la configuración de la política criminal argentina contra la trata de personas y el alto porcentaje de mujeres criminalizadas o victimizadas? ¿Qué cambios implicó para la legislación el proceso de reformas inaugurado en 2008? ¿Cómo fue el debate doctrinario acerca de la significación jurídica de algunos de los conceptos clave, tales como explotación, consentimiento y vulnerabilidad, que integran los nuevos tipos penales?  Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales constituye un análisis feminista crítico de las categorías involucradas en los debates sobre la trata de personas y el sexo comercial, con el foco puesto en los discursos y las prácticas penales concebidos como tecnologías de gobierno y manifestaciones de poder. Detener los efectos de esa maquinaria incesante, que no deja de producir clandestinidad y marginación, resulta imperioso, pues "las señales de daño son más contundentes que sus inciertos beneficios".  "El estigma que pesa sobre lxs trabajadorxs sexuales se profundiza y se perpetúa cada vez que se confunde trabajo sexual con trata de personas. Esta equiparación es una forma de violencia contra nuestro colectivo, pero no es nueva: tiene una larga historia, y de esa historia nos habla Marisa S. Tarantino en este libro" (Del prólogo de Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina).

Marisa S. Tarantino (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1971) es abogada por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Palermo (UP). Ha sido profesora en la UMSA, en la UBA y en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). Desde 2003 ha ocupado diversos cargos en el sistema de justicia penal federal, y actualmente se desempeña como prosecretaria letrada de la Procuración General de la Nación. Es feminista y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, e integra la organización RESET- Política de Drogas y Derechos Humanos.  Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas, y ha colaborado en diversos volúmenes colectivos, entre los que se cuentan: La justicia penal hoy. De su crisis a la búsqueda de soluciones (2000); Problemas actuales de la parte especial del Derecho Penal (2011), y Los feminismos en la encrucijada del punitivismo (2020). Fondo de Cultura Económica ha publicado Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales. Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución (2021).