El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como "estado de cosas inconstitucional". En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.