¿Puede la justicia transformar las democracias de la región en un sentido progresista? ¿Pueden los tribunales internacionales favorecer el acceso a derechos en países en los que la desigualdad y la debilidad institucional son un mal estructural? Las respuestas afirmativas a estas preguntas inspiran y orientan los trabajos de Armin von Bogdandy incluidos en este libro.El autor, director de un centro académico en Heidelberg, Alemania, de referencia obligatoria para todos quienes se interesan por la situación del derecho en América Latina, inscribe su producción en la perspectiva del "constitucionalismo transformador", que reconoce una serie de preocupaciones comunes a los ámbitos jurídicos de los distintos países de la región. "El derecho económico internacional no puede realizar a cabalidad un desarrollo sostenible si los actos concretos que se derivan de él están en conflicto con los derechos humanos", escribe el autor, y sintetiza así la agenda jurídica compartida que ha ampliado el alcance tradicional de los derechos humanos para incluir hoy el acceso a derechos sociales y económicos, la violencia policial, los derechos de las minorías indígenas, los abusos de poder y las limitaciones de los derechos políticos en toda la región.La tarea cada vez más influyente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este libro aborda y relaciona con instituciones y organismos internacionales como el G7, el Banco Mundial o la OCDE, es uno de los pilares de esa transformación. Como subrayan estas páginas, la construcción de un derecho común latinoamericano dejó de estar determinada por un Norte exportador de teorías e instituciones. Es en esa coyuntura en la que el derecho puede ejercer en nuestra región un nada desdeñable poder de cambio.

Abogado de la Universidad de Friburgo, estudió filosofía en Friburgo, Roma y Berlín, y obtuvo un Máster en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Friburgo. Recibió la habilitación docente por la Universidad Libre. Fue presidente del Tribunal de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fue miembro, elegido por el presidente de la República, del Consejo Científico Alemán. Desde octubre de 2002 es uno de los dos directores del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, en Heidelberg.