Este texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad. A las personas les suele parecer normal y natural que en la calle la Policía las intercepte, las requise, les solicite documentos de identidad, les pida que se retiren de un lugar, las interrogue o las detenga de manera preventiva. Mientras que en otros países estas medidas de policía solo pueden practicarse cuando confluyen varias circunstancias y requisitos, en Colombia no existen criterios claros que guíen la labor de la Policía, que es uno de los hallazgos de esta investigación.

Sebastián Lalinde Ordóñez Abogado de la Universidad EAFIT, con estudios de posgrado en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de los Andes. En la actualidad adelanta estudios de maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa en la Universidad de los Andes y se desempeña como investigador en el Área de Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), en donde ha trabajado temas relacionados con acceso a la justicia, política criminal y restitución de tierras. Laboró en el despacho de Juan Carlos Henao Pérez en la Corte Constitucional.